La defensa de la soberanía nacional y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras constituyen objetivos legítimos del Estado. Los instrumentos destinados a alcanzarlos deben, al mismo tiempo, respetar los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.

Desde esta perspectiva, algunas disposiciones del proyecto no son compatibles con los principios de un derecho penal liberal. Algunos de los comportamientos a los que se alude en el proyecto como merecedores de graves sanciones penales o administrativas tienen tal vaguedad e indeterminación que no permiten delimitar con suficiente claridad su alcance. El principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas, en particular cuando pueden dar lugar a sanciones de considerable gravedad.

Esta cuestión adquiere especial importancia respecto de las figuras penales vinculadas con la interferencia en los procesos electorales y las denominadas campañas de “desinformación masiva”. La prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público.

También deben revisarse las facultades previstas para adoptar medidas preventivas antes de que exista una decisión definitiva. La necesidad de actuar frente a situaciones que comprometan la seguridad nacional debe conciliarse con el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.

El Colegio Público de  la Abogacía ratifica su compromiso con el respeto al estado de derecho y las libertades públicas, en especial con la libertad de expresión cuya plena vigencia es esencial en una sociedad democrática.