Durante el encuentro, el Colegio Público reiteró que toda regulación que incida sobre el ejercicio profesional y el acceso a la jurisdicción requiere necesariamente la participación y la opinión de abogados y abogadas. La intervención de las organizaciones profesionales que nuclean la abogacía, constituye una garantía institucional vinculada al adecuado funcionamiento del sistema de justicia.

Asimismo, el Colegio Público ratificó los términos de su comunicado, particularmente en cuanto a que los recaudos previstos en la Acordada Nº 11 deben tener un carácter estrictamente ordenatorio. Su eventual incumplimiento no puede derivar en el rechazo del recurso ni traducirse en restricciones que afecten el acceso a la jurisdicción y la tutela judicial efectiva.

En ese sentido, se destacó también la importancia de avanzar en mecanismos que permitan una adecuada circulación y publicidad del trámite de los expedientes, como herramienta de transparencia y fortalecimiento institucional del sistema judicial.