El Colegio Público de la Abogacía expresa su solidaridad con la abogada Inés Brizuela y Doria frente a su detención en la provincia de La Rioja, en circunstancias vinculadas al ejercicio de su profesión.

La privación de la libertad de una abogada en ese contexto constituye un hecho de extrema gravedad institucional. El ejercicio de la abogacía no puede dar lugar a represalias ni a intervenciones que desconozcan las garantías que estructuran el Estado de Derecho.

Corresponde que las autoridades provinciales esclarezcan de manera inmediata lo ocurrido y determinen las responsabilidades del caso. La actuación estatal debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, debido proceso y razonabilidad.

Este Colegio reafirma su deber legal de resguardar el ejercicio profesional, en tanto condición necesaria para el acceso a la justicia, y permanecerá atento a la evolución de los hechos, adoptando las medidas que correspondan.