En la comunicación, firmada por el Dr. Ricardo Gil Lavedra, se informó que la Comisión de Integridad Financiera y Compliance del CPACF emitió un dictamen en el que se sostiene que la inclusión de los letrados y letradas en las obligaciones de informar sobre actividades relacionadas con el lavado de activos contradice los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según este informe, las actividades que se pretende que los letrados informen como parte de sus obligaciones profesionales ya están cubiertas por otras entidades y sujetos obligados, como los escribanos, el Registro de la Propiedad Inmueble y los Registros Públicos de Comercio. Por lo tanto, no se justifica la imposición de nuevas obligaciones en ese sentido.

Además, se argumentó que la inclusión en estas obligaciones afectaría directamente al secreto profesional, garantia fundamental en el ejercicio de la abogacía, y que no existe necesidad ni justificación para vulnerar este principio.

El CPACF remitió el dictamen al Senado de la Nación, expresando así su postura clara y fundamentada en relación con esta polémica reforma.

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