El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal realizó un fuerte reclamo a la ANSES a raíz de la problemática que están enfrentando los abogados como consecuencia del servicio deficiente que está prestando el organismo público desde la entrada en vigencia del ASPO y el posterior DISPO.

Desde el CPACF cuestionaron, entre otras cosas, que los operadores que responden a la atención virtual no se identifican, por lo cual, en numerosos casos ejercen la facultad de “cerrar” el trámite de manera discrecional y arbitraria, sin dar mayores precisiones. Además, no tienen un plazo máximo para responder, demorando en muchos casos la respuesta semanas o meses.

Asimismo, reclamaron que la plataforma de atención virtual no permite la recepción de una simple nota institucional como la presente, ni el trámite recursivo de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ya sea por temas de fondo o ante el cierre arbitrario de la atención.

Otro cuestionamiento  es que  en los casos en que la jubilación requiere la utilización de moratoria, no se fija la fecha de adquisición retroactiva al día en que se presentó la atención virtual, sino a la fecha en que se envía el plan de la AFIP, el cual demora meses en la mayor parte de los casos. Es decir, el beneficiario pierde meses de retroactividad.

Para las autoridades del Colegio no existen criterios uniformes en el tratamiento de las diferentes solicitudes. Algunos operadores aceptan trámites de servicio doméstico, otros los rechazan. Algunos permiten iniciar jubilaciones que requieren prueba adicional, otros no. Es decir, el inicio o no de una tramitación depende de la voluntad del operador y de la UDAI de la que se trate.

Al día de la fecha, indicaron y a casi un año después de decretado el ASPO, no se pueden presentar de manera virtual ciertos trámites (jubilaciones de leyes especiales, jubilaciones con servicios diferenciales, pensiones por fallecimiento donde se debe probar la convivencia, trámites de reconocimiento de servicios, entre otros).

También, se cuestionó que los trámites iniciados a través de un abogado apoderado requieren primero la acreditación del poder. Esa gestión aún requiere participación presencial y no logra concluirse en tiempo y forma, demorando incluso meses. Mención aparte merece el hecho de que el Organismo, en muchos de esos casos, se comunica con los clientes de los matriculados para manifestarles que el trámite lo pueden efectuar de manera directa, indicándoles que no deben abonar los honorarios profesionales del abogado.

Para el CPACF la situación descripta exhibe una gravedad inusitada atento el estado de indefensión de miles de personas mayores o con distintas capacidades las que, ya de por sí, requieren de mayores cuidados por parte de esa Administración, por lo que le solicitamos tenga a bien extremar los esfuerzos a fin de poner remedio a todas las situaciones planteadas y se habilite un canal de diálogo permanente con esta Institución que permita ajustar estas cuestiones que tanto afectan el ejercicio de la profesión, así como la defensa de los derechos de aquellos a quienes nuestros matriculados representan.

NOTA ANSES